2 de diciembre de 2009 - Más de tres años después de que el Congreso ordenara intensificar la vigilancia de los delincuentes sexuales, sólo un estado ha adoptado los nuevos y estrictos requisitos del gobierno, y algunos otros están sopesando si ignorar la ley y limitarse a pagar una multa.
Hasta ahora, Ohio es el único estado que cumple las nuevas normas federales. En otros lugares, los esfuerzos se han visto obstaculizados por los elevados costes y las impugnaciones legales de los 686.000 delincuentes sexuales registrados en el país. Los activistas temen que los retrasos pongan en peligro la seguridad pública.
"Esto significa más de lo mismo: que estamos perdiendo delincuentes sexuales cuando cruzan las fronteras estatales y desaparecen", dijo Erin Runnion, que presionó a favor de la ley después de que su hija de 5 años, Samantha, fuera secuestrada y asesinada en 2002.
"Es increíblemente frustrante. ¿Cuántos niños tenemos que perder a manos de delincuentes sexuales reincidentes para que empecemos a tomarnos en serio a estos tipos?".
El plazo inicial para que los estados cumplieran la normativa era en julio. Luego el plazo se amplió a julio de 2010, aunque varios estados han señalado que aún podrían ser incapaces de cumplirlo. Los estados que no adopten los mandatos se arriesgan a perder millones de dólares en subvenciones federales.
Registro Nacional de Delincuentes Sexuales
La ley se diseñó para vigilar más de cerca a los delincuentes sexuales, entre los que se calcula que hay unos 100.000 que no viven donde deberían. Se crearía un registro nacional de delincuentes sexuales y se endurecerían las penas para quienes no se registren.
El presidente del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados dijo que los estados necesitan más dinero para adoptar la ley, y pidió ayuda al Congreso.
"Entendemos que hay retos a la hora de cumplir la normativa, pero el mayor reto es que los estados están desbordados. Y van a necesitar recursos para hacer frente a esto", dijo Ernie Allen.
El año pasado, un juez federal de Nevada declaró inconstitucional la ley porque sometería a los delincuentes a penas adicionales una vez cumplida su condena. El Tribunal Supremo de Ohio escuchó este mes argumentos similares de más de 26.000 delincuentes sexuales condenados antes de la firma de la ley.
Los críticos también se han quejado de que los delincuentes juveniles aparecerían en los registros de algunos estados. Y como la ley exige que los infractores se registren en persona, podría suponer una carga injusta para los habitantes de zonas rurales que tendrían que desplazarse lejos.
Además de los desafíos legales, los Estados también están luchando con el coste, que podría ascender a millones de dólares.
"Tenemos estados muy relajados y estados en los que los legisladores se tiran de los pelos intentando cumplir", dijo Alisa Klein, de la Asociación para el Tratamiento de los Abusadores Sexuales. "Y hay muchos estados que están esperando a que otro estado haga un movimiento y diga: 'No vamos a cumplir'".
Coste del cumplimiento
En California, la Junta de Gestión de Delincuentes Sexuales del estado calculó el año pasado que la adopción de los requisitos costaría al menos 38 millones de dólares.
El Congreso intentó animar a los estados a adoptar la medida amenazándolos con retirarles el 10% de las subvenciones federales para la prevención del delito si no la cumplían. Las subvenciones han aumentado con los fondos de estímulo, pero suelen oscilar entre varios cientos de miles de dólares y más de un millón de dólares al año, dependiendo del tamaño del estado.
California puede perder unos cuantos millones de dólares al año si no cumple la normativa, según las autoridades estatales.
"Obviamente, esta pérdida de financiación palidece en comparación con el coste que supone cumplir la ley", declaró Dana Simas, portavoz del Departamento de Justicia de California.
Así pues, los legisladores se encuentran ante un dilema: deben gastar millones de dólares para adoptar el sistema o dar marcha atrás en un programa diseñado para proteger a los ciudadanos de algunos de los delincuentes más peligrosos de la sociedad.
"Hay una serie de cuestiones que estamos tratando de resolver", dijo el senador estatal de Vermont Richard Sears, que dirige el Comité Judicial del Senado de su estado. "No estamos necesariamente en contra de la ley, pero nos gustaría que la acompañara algo de dinero para ayudarnos a aplicarla".
Los líderes del Congreso podrían apoyar cambios en la ley. El senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont que preside el Comité Judicial del Senado en Washington, dice que ha estado trabajando en formas de ayudar a los estados a cumplir la ley.
"Esta legislación supone un progreso vital para mantener seguros a nuestros niños, pero sólo funciona si los estados pueden cumplirla y lo hacen", dijo Leahy en un comunicado. "En lugar de castigar a los estados que están tratando activamente de cumplir con esta importante ley federal, debemos trabajar juntos para hacer frente a los obstáculos que enfrentan las agencias estatales de aplicación de la ley."
Repunte de las solicitudes
Los grupos de defensa afirman que aproximadamente dos docenas de estados han presentado informes sobre su cumplimiento para que los revise el Departamento de Justicia, aunque el gobierno no quiso confirmar esa cifra.
Scott Matson, asesor principal de política de la oficina del Departamento de Justicia que supervisa a los delincuentes sexuales, dijo que ha observado un reciente repunte de las solicitudes, aunque no dijo si más estados se están acercando al cumplimiento.
